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NUEVAS OPERACIONES EN EL EXPEDIENTE MALDONADO
La Justicia de Esquel toma distancia de los supuestos aportes del Gobierno

Después de buscar instalar que el hecho estuvo acotado a un grupo de siete gendarmes, ayer se difundió el nombre de un subalférez que estaría involucrado.




Los informes que presenta el Gobierno como “aportes” a la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado carecen del valor probatorio que buscan imprimirle desde las oficinas oficiales. Así lo confiaron a PáginaI12 fuentes judiciales. En tren de obtener algún resultado, el Gobierno siguió dictando los pasos a la Justicia federal de Esquel y soltó la mano a un grupo de siete gendarmes, de los 137 que participaron del operativo represivo del 1º de agosto. “Alguna versión tienen que empezar a construir ante la evidencia de que fue Gendarmería, y no pueden sostener más las versiones que inventan a cada rato”, dijo a PáginaI12 la abogada de la familia, Verónica Heredia. En el mismo sentido se pronunció una parte de la querella, al enfatizar que más allá de lo que suceda con el señalamiento oficial, que apunta al hecho aislado como “exceso individual” de un uniformado, “al menos este nuevo relato se acerca al río y a la Gendarmería, que es lo que vienen diciendo los mapuches desde el primer día”. En cualquier caso, la justicia no avanzará hacia el grupo que “entrega” el Gobierno hasta no contar con los estudios de ADN de las muestras recogidas durante los peritajes y rastrillajes realizados el mes pasado. Al cierre de esta edición, tras la difusión del nombre del subalférez Emmanuel Echazú, el gendarme que habría sido herido durante el desalojo de la ruta 40, este diario precisó que desde el juzgado “no tienen sospechas fundadas” sobre un gendarme en particular.

El domingo, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, puso en manos del juez federal de Esquel Guido Otranto un informe según el cual algún gendarme habría golpeado a Santiago Maldonado y lo habría dejado en el río. En lugar de actuar como una fuerza ordenada y organizada bajo la cadena de mandos, el documento infiere que no todos los uniformados vieron lo que hacía cada uno, en la línea de abonar el posible “exceso” en el uso de la fuerza como consecuencia del cual habría sido lastimado o muerto el joven tatuador, que pasaba un par de meses en El Bolsón y había mostrado interés por la recuperación de territorio que los mapuches iniciaron en Cushamen en 2015. La nueva movida oficial busca alejar la figura de desaparición forzada, que implicaría a toda la fuerza, y sembrar el hipotético homicidio culposo bajo la jerga policial del “se les fue la mano”.

Los siete gendarmes que pudieron haber visto algo son un oficial subalférez y seis suboficiales, tres sargentos, dos cabos primero y un cabo: Emmanuel Echazú, Orlando Yucra, Julio Segovia, Juan Carlos Pelozo, Jorge Fortunato, Ramón Vera y Darío Zoilán. En el imaginario de los funcionarios de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuya nueva pista filtraron con generosidad y detalle en algunos medios, iban a declarar como testigos. Sin embargo, PáginaI12 pudo saber que el juez federal Guido Otranto no definió aún si convocará a éstos gendarmes como testigos o como imputados. Hasta ahora, la relevancia que el magistrado otorga al informe se refiere más bien a precisar la ubicación que tuvo cada uno en esa parte del predio. El camino que tome Otranto no es menor: si los interroga como testigos bajo juramento de decir verdad esos gendarmes sería más complicado convocarlos a una indagatoria porque podrían haberse autoinculpado.

Los informes que entregó Milman al juez no son otra cosa que las “actuaciones internas” que realizó la Gendamería tras la desaparición de Maldonado. Ni siquiera se trata de sumarios, sino más bien declaraciones internas donde los uniformados describen sus acciones de esa jornada como si hubieran actuado con absoluto apego a la ley y el protocolo, aún en medio de un procedimiento que no contaba con orden judicial. De hecho, en las primeras horas del caso, el encargado de violencia institucional del ministerio de Seguridad, Daniel Barberis, había acudido a Esquel para entrevistar a los gendarmes y darles “apoyo psicológico”. Una fuente del caso consultada por PáginaI12 precisó que el informe del gobierno es la continuidad de la pesquisa iniciada por Barberis.    

De todos modos, según comentaron allegados a la fiscalía, en el expediente que investiga el delito penal de desaparición forzada, el informe que entregó el gobierno con los testimonios de los gendarmes “no tiene ningún valor de prueba”. Y en esa causa no dará ningún paso en relación a los gendarmes hasta no tener los resultados de diez informes periciales que están pendientes. 

La hipótesis de los “excesos” había sido anticipada por el coordinador de Políticas Públicas de Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa, quien dijo al programa Diario del Futuro (FM La Patriada) que  “lo más probable que haya pasado es que algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado, sin saber que lo estaba hiriendo gravemente. Pienso que eso no obedece tampoco a un plan del Gobierno. Decir algo así me parece que es una exageración”. El Gobierno apunta a los exámenes de ADN de las camionetas y los allanamientos. “Esta es una prueba central y casi definitiva para verificar o descartar la hipótesis que han planteado algunos testigos que son bastantes sospechados”, sostuvo el ministro de Justicia, Germán Garavano. Como quien entrega algo pero sigue dejando las demás puertas abiertas, el Gobierno busca instalar que, si no quedó material genérico, la pista de Gendarmería quedaría descartada.

Primero el problema eran los testimonios dados sin identidad, que ubicaban a Maldonado en una acción sobre la ruta 40 por la liberación de  Facundo Jones Huala  escapando con ellos de la represión, cuando los gendarmes ingresaron al territorio de la Pu Lof, atrapado al borde del Río Chubut, golpeado y subido a una camioneta de esa fuerza. Eran los mismos relatos y fotografías que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tomó como verosímiles para pedir medidas cautelares al gobierno de Mauricio Macri en sentido de dar con Maldonado e investigar lo sucedido. La semana pasada los mapuches se volvieron a presentar ante los estrados judiciales, pero siguieron las operaciones de todos los colores para desacreditarlos. “Los testimonios son contundentes. No les creen como no lo hacen nunca cuando denuncian la violencia que despliega Gendarmería en cada procedimiento”, destacó la abogada Heredia ante PáginaI12.


Fuente: Página 12.




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