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ESPAÑA VS. CATALUÑA
La convocatoria al referéndum abrió la veda a un debate sobre la calidad democrática en España

Las fuerzas soberanistas catalanas apelan al diálogo político para un plebiscito pactado, mientras el presidente Mariano Rajoy se reafirma en la negativa al considerar que la consulta vulnera la Constitución española.




Desde que, hace doce días, el Parlamento de Cataluña aprobara la ley que sustenta el referéndum soberanista convocado para el 1 de octubre y acto seguido el gobierno de Mariano Rajoy la tumbara, el Estado español pasó a ser escenario de una lucha encarnizada en nombre de eso que pocos entienden pero todos llaman democracia. Desde el Partido Popular (PP)- y también desde el socialista (PSOE)- cada golpe lanzado hacia el Govern catalán se justifica por “la legítima defensa de la democracia”, considerando que el plebiscito por la autodeterminación vulnera la Constitución española; mientras que, del otro lado del ring, los portavoces soberanistas se levantan también al grito de una violación a “sus derechos democráticos fundamentales”.

¿Qué es lo democrático y qué lo antidemocrático? En España no parece nadie capaz de responderlo, o más bien, todos parecen capaces, de acuerdo a sus intereses y convicciones ideológicas. Entre los miembros del equipo de Rajoy no caben dudas: la celebración del referéndum comporta un delito ya que desobedece la suspensión que del mismo efectuó el pasado 7 de septiembre el Tribunal Constitucional y, por tanto, todo acto relacionado con la convocatoria independentista también ha de ser objeto de sanción. En esta línea, el presidente desplegó durante estos diez días un operativo policial y judicial sin precedentes para impedir que se publique propaganda de la votación en medios catalanes- autorizando la intervención de diversas redacciones, requisando material y amenazando a periodistas-, así como la colaboración de los alcaldes en la organización de la consulta- el Fiscal general del Estado imputó a los 712 intendentes que apoyan la independencia. “La Fiscalía y la justicia han empezado a actuar y la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos, que son policía judicial, están a las órdenes de la Fiscalía y defenderán la ley”, aseguró Rajoy en la Junta directiva de su partido en Cataluña. El jefe del Ejecutivo se mostró, además, orgulloso por una de las redadas que los cuerpos de seguridad llevó a cabo este fin de semana: “Hay que felicitar a la Guardia Civil, que ha requisado más de 100.000 carteles de propaganda de la Generalitat cerca de aquí”, espetó ante su equipo catalán.

Al endurecimiento de las medidas judiciales y policiales avanzado por Rajoy se sumó la decisión de este viernes en el Consejo de ministros de intervenir las cuentas de Cataluña como castigo por haber dejado de recibir un informe semanal con los gastos de la región, tal como el gobierno central lo había solicitado el pasado julio, al detectar un desvío no justificado en la partida de organización y seguimiento de actos electorales de la Generalitat. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que los 1.400 millones de euros mensuales que le corresponden a Cataluña en el reparto del presupuesto estatal, ahora solo se pagarán mediante factura que detalle a qué se van a destinar y así, según el ministro, el sistema de pagos permitirá que el Estado sustituya a la comunidad autónoma “no completamente pero sí bastante”. Tal como expresó en rueda de prensa, el nuevo mecanismo hará que “ni un euro vaya a ninguna actividad ilegal” y garantizará los “objetivos de estabilidad presupuestaria”. “Todo el mundo va a cobrar en plazo y lo hacemos en función de la seguridad que da el Estado ante la incertidumbre que crean varias posiciones políticas”, aseveró Montoro.

La ofensiva que el Partido Popular desplegó en tan solo doce días se completa con la imputación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, del vicepresidente, Oriol Junqueras y de doce consejeros del Govern por desobediencia, prevaricación y malversación- este último delito penado con hasta ocho años de cárcel- y no parece tener tregua: “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, amenazó Rajoy durante su visita a Barcelona, entreabriendo la puerta al tan temido artículo 155 de la Carta Magna que permite al gobierno intervenir determinadas competencias de una comunidad autónoma hasta restituir la legalidad.

“Lo que haga falta” para impedir una votación que, rotundamente, Rajoy y los suyos consideran ilegal. Si la democracia se basa en un estado de derecho, es inadmisible que lo pautado por la Constitución no se cumpla y, si no se cumple, debe ser oportunamente castigado. Este es el razonamiento que están dispuestos a defender por todos los medios desde el gobierno central, amparados en el artículo 92 de la Constitución española que estipula que “es competencia exclusiva del Estado la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”.

Las filas soberanistas también conocen este artículo de la Carta Magna y, por eso, llevan años buscando la posibilidad de diálogo con el Ejecutivo estatal para pactar el plebiscito por la autodeterminación catalana. Tanto desde las autoridades como desde la población se insistió con cartas, reuniones y multitudinarias manifestaciones pero la respuesta desde Madrid fue siempre un portazo en la cara. El último intento lo protagonizaron el presidente de la Generalitat, el vicepresidente, la presidenta del Parlamento catalán y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con una misiva dirigida al rey y a Mariano Rajoy solicitando un diálogo abierto para que los catalanes puedan expresarse en referéndum. “Entre Cataluña y España existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo. Pero la respuesta

siempre ha sido una negativa o, peor aún, una reacción regresiva insostenible. Cuando el Tribunal Constitucional hacer caer el Estatuto, que antes había sido votado por los parlamentos catalán y español y aprobado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña, se rompió el pacto constitucional de 1978”, exponen los representantes de las cuatro principales instituciones catalanas, como primer argumento a favor de su propuesta.

El siguiente punto en el que se amparan los soberanistas para defender que lo democrático es el derecho a decidir y no su prohibición es la denuncia de que, como expresa la carta, “lejos de abrir la puerta al diálogo, el Estado español ha comenzado una ofensiva de represión sin precedentes en la que contempla desde la limitación al derecho fundamental a la libertad de expresión (…) hasta querellas penales contra todo el Gobierno de Cataluña y contra la mayoría de la Mesa del Parlamento, la clausura de la web informativa del referéndum (…) y la politización de organismos que deberían ser independientes, como el mismo Tribunal Constitucional y otros estados del Poder Judicial”.

Por último, las autoridades catalanas recalcan que “el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito”, así como el contundente apoyo de la sociedad catalana a la celebración de un referéndum, manifiesto en los resultados electorales del 2015 que dieron mayoría parlamentaria a las fuerzas independentistas y en las movilizaciones masivas de cada 11 de septiembre que, desde 2012, sacan a millones de personas a la calle.

Este nuevo llamamiento al diálogo que el soberanismo (es decir, quienes abogan por el derecho a decidir, no necesariamente por la secesión) lanza a Rajoy, de momento, también tiene silencio como respuesta. Ante la aparente imposibilidad de acuerdos, entonces, todo indica que el duelo entre las dos concepciones de democracia, entre “el peso indiscutible de la ley” y “el diálogo político”, “la España unida e indivisible” y “el derecho a la autodeterminación” no cesará el 1º de octubre. Ni el 2. 


Fuente: Página 12.




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